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Javier Milei veta el aumento de las pensiones en Argentina pese a las protestas

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En medio de un contexto de más de 250 % de inflación anual en Argentina, el presidente, Javier Milei, vetó un aumento del 8,1% a las jubilaciones y pensiones aprobado por amplia mayoría en el Legislativo. La reforma buscaba paliar los efectos del ajuste fiscal impuesto por el Gobierno, que recayó en un 33 % sobre el sistema de jubilaciones y pensiones que beneficia a unos siete millones de personas.

"¡Paso a paso se viene el jubilazo!", gritaban en algunas de las protestas de los últimos días, a pesar de las cuales los jubilados no han impedido que el presidente de Argentina, Javier Milei, vetara la ley del Congreso para aumentar las jubilaciones. Milei se justificó argumentando que ponía en riesgo el equilibrio fiscal.

Eugenio Semino, Defensor del Pueblo de la Tercera Edad de Buenos Aires, asegura que supone abandonar a este sector de la sociedad: "La persona mayor en Argentina tiene que optar todos los días entre comer o comprar un medicamento. En este universo de las personas mayores, desde hace muchos meses que se está viviendo una crisis humanitaria. Es decir, la situación en términos de lo económico y en cuanto a lo sanitario han generado no solo la pérdida de calidad de vida del sector, sino la pérdida de vidas en sí mismas".

La nueva ley establecía un aumento del 8,1%, que las actualizaciones tuvieran en cuenta tanto la inflación como la evolución de los salarios y que la jubilación mínima no fuera inferior al 1,09% del valor de la canasta básica.

Esto dejaba la jubilación mínima en tan solo 320 dólares, una cifra que no llega ni a la mitad del valor de la canasta básica, según la Defensoría de la Tercera Edad: "La pequeña reforma que plantea la ley sancionada se debatió durante siete meses y en estos siete meses se siguió licuando el haber del jubilado. Siguió perdiendo poder adquisitivo, por lo cual la pequeña recomposición de la cual habla la sanción es insignificante en términos de lo que representa el haber para los 5 millones de quienes perciben la mínima".

Para Eugenio Semino, sin un cambio estructural es imposible ayudar al millón de jubilados que depende únicamente de esta prestación: "Lo que estamos requiriendo para ese sector es una inmediata ayuda en términos de emergencia con recursos de fuera de la Seguridad Social y, en paralelo, debatir entre todos los actores políticos sindicales de la sociedad, una reforma estructural del sistema de Seguridad Social".

El Congreso puede revertir el veto presidencial, siempre y cuando la ley consiga el apoyo de dos tercios de ambas cámaras.

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En medio de un contexto de más de 250 % de inflación anual en Argentina, el presidente, Javier Milei, vetó un aumento del 8,1% a las jubilaciones y pensiones aprobado por amplia mayoría en el Legislativo. La reforma buscaba paliar los efectos del ajuste fiscal impuesto por el Gobierno, que recayó en un 33 % sobre el sistema de jubilaciones y pensiones que beneficia a unos siete millones de personas.

"¡Paso a paso se viene el jubilazo!", gritaban en algunas de las protestas de los últimos días, a pesar de las cuales los jubilados no han impedido que el presidente de Argentina, Javier Milei, vetara la ley del Congreso para aumentar las jubilaciones. Milei se justificó argumentando que ponía en riesgo el equilibrio fiscal.

Eugenio Semino, Defensor del Pueblo de la Tercera Edad de Buenos Aires, asegura que supone abandonar a este sector de la sociedad: "La persona mayor en Argentina tiene que optar todos los días entre comer o comprar un medicamento. En este universo de las personas mayores, desde hace muchos meses que se está viviendo una crisis humanitaria. Es decir, la situación en términos de lo económico y en cuanto a lo sanitario han generado no solo la pérdida de calidad de vida del sector, sino la pérdida de vidas en sí mismas".

La nueva ley establecía un aumento del 8,1%, que las actualizaciones tuvieran en cuenta tanto la inflación como la evolución de los salarios y que la jubilación mínima no fuera inferior al 1,09% del valor de la canasta básica.

Esto dejaba la jubilación mínima en tan solo 320 dólares, una cifra que no llega ni a la mitad del valor de la canasta básica, según la Defensoría de la Tercera Edad: "La pequeña reforma que plantea la ley sancionada se debatió durante siete meses y en estos siete meses se siguió licuando el haber del jubilado. Siguió perdiendo poder adquisitivo, por lo cual la pequeña recomposición de la cual habla la sanción es insignificante en términos de lo que representa el haber para los 5 millones de quienes perciben la mínima".

Para Eugenio Semino, sin un cambio estructural es imposible ayudar al millón de jubilados que depende únicamente de esta prestación: "Lo que estamos requiriendo para ese sector es una inmediata ayuda en términos de emergencia con recursos de fuera de la Seguridad Social y, en paralelo, debatir entre todos los actores políticos sindicales de la sociedad, una reforma estructural del sistema de Seguridad Social".

El Congreso puede revertir el veto presidencial, siempre y cuando la ley consiga el apoyo de dos tercios de ambas cámaras.

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